Latinoamérica, México, Noticias — 25/05/2011 a 11:11 am

Contra la Desaparición Forzada

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Este 25 de mayo se cumplen 4 años de la detención-desaparición de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (militantes del PDPR-EPR) ocurridos en el estado de Oaxaca, sin que hasta la fecha los responsables de estos cobardes crímenes de lesa humanidad hayan sido castigados, ni se hayan investigado con exhaustividad para dar con los responsables materiales e intelectuales. En la misma situación se encuentran el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y el indígena chatino Lauro Juárez.

La práctica de la desaparición forzada considerada por instancias internacionales como crimen de lesa humanidad, se ha convertido en política de Estado del ejecutivo federal como única respuesta a las justas demandas de los sectores organizados, así como a todo aquel que represente disidencia alguna a las políticas empleadas en el país, que viola sistemáticamente los derechos humanos.

En muchos casos de desaparición forzada las víctimas han sido asesinadas y encontradas con signos de tortura y que representan las ejecuciones extrajudiciales, que en el país se obedecen a la política de exterminio y limpieza social. Al hacer de estas prácticas bárbaras para eliminar cualquier disidencia política, el Estado no solo viola los derechos constitucionales sino los derechos humanos más elementales, plasmados en tratados y pactos internacionales sobre Derechos Humanos.

La violencia proveniente del aparato de Estado ejecutados por las fuerzas castrenses y grupos paramilitares tiene como objetivo mermar en capacidad y fuerza a todo el amplio espectro del movimiento popular, cuyo fin último sea el de su exterminio; aunado a ello es la limpieza social que está en marcha desde hace 5 años, con los asesinatos masivos de personas sin militancia política y que en muchas ocasiones nadie reclama.

El empecinamiento del ilegítimo Felipe Calderón de seguir con la absurda guerra como pretexto de combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico mediante ejercicios y prácticas fascistas, como son el despliegue de elementos militares y policíacos en el país, la implementación de estados de sitios temporales en las franjas fronterizas del norte y sur del país y la paramilitarización de urbes y comunidades rurales han dado como resultado más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales, más de 10 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, el exilio forzado de activistas de derechos humanos ante la amenaza de perder la vida al permanecer en el país.

La instrumentación de esta absurda guerra contra el pueblo obedece a los mandatos de Estados Unidos plasmados en el Plan Mérida, que bajo el falaz argumento de la seguridad interna, consolida el intervencionismo de EEUU en México. Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional están encaminadas a la supeditación de los cuerpos castrenses y de la política de seguridad nacional a los asesores estadounidenses, como se ha estado realizando con los adiestramientos de militares, navales y policías en tácticas de movilidad rápida con carácter contrainsurgente.

A casi 5 años de haber iniciado esta guerra en contra de los sectores populares organizados y no organizados, las víctimas siguen siendo luchadores sociales, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, obreros, jóvenes estudiantes, mujeres…

El “blindaje” de la frontera con Guatemala en el que pretende invertirse más de 2 mil millones de pesos, con el pretexto de combatir la delincuencia y mejorar la seguridad fronteriza, corresponde a una de las tareas convenidas en el Plan Mérida para establecer un estado de excepción en la región con la presencia de elementos militares y policíacos. Con esta forma de enfrentar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, ocasionado por las condiciones deplorables y de miseria de sus respectivos países, solamente acrecentaría el calvario de vejaciones, humillaciones hacia los migrantes, así como los evidentes casos de violaciones de los derechos humanos y los tratados firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Con la reforma laboral se pretende despojar de los derechos de los trabajadores conquistados en décadas pasadas, se quiere borrar de la memoria histórica lo que está plasmado en los artículos constitucionales y que reflejan el sudor y sangre que se tuvo que derramar para alcanzar estas conquistas. Los gobiernos panistas ponen en bandeja de plata a los trabajadores para ser explotados y vilipendiados por los voraces capitalistas.

Ante estas fatales condiciones nos pronunciamos:

Por la promulgación de una ley general que investigue, prevenga, castigue y erradique la desaparición involuntaria y/o forzada de personas en nuestro país.

La modificación del Código Penal en las entidades federativas que permitan la tipificación de la desaparición forzada como delito.

El cabal cumplimiento a la recomendación 007/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte del gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo y Felipe Calderón Hinojosa.

Castigo a los responsables de las más de 45 mil ejecuciones extrajudiciales y más de 10 mil desapariciones forzadas.

Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país.

Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen.

Alto a la guerra contra el pueblo que toma como pretexto el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Desarticulación de las bandas paramilitares.

Por el regreso del ejército federal a sus cuarteles.

¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo