Libros, Otras noticias de Latinoamérica — 09/08/2015 a 1:53 am

(Ecuador) ¿A quién le importa los guayacanes? Acumulación, gobierno y conflictos en el campo

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“En Esmeraldas hay un árbol que se llama Guayacán y ellos florecen una sola vez en el año, pero todos los años florece. Aquí en la Sierra tenemos la paja que aunque la quememos y arranquemos ella siempre vuelve a salir; esas son las organizaciones, así somos las organizaciones. Busquemos estrategias juntos, no permitamos que nos dividan, que nos separen, ¡unámonos! (...) pero busquemos estrategias radicales, volvamos a empoderarnos de esto, de lo nuestro que es nuestro país, empoderémonos de eso. Porque somos seres humanos capaces de construir juntos una nueva patria. Yo creo en las organizaciones, quiero seguir creyendo y quiero seguir luchando juntos...”
Lupe Ortiz. Comunidades Eclesiales de Base de Quininde, Quito. 2013

guayacanes

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Introducción

El nombre de esta publicación parte de la intervención de Lupe Ortiz, dirigente de las Comunidades Eclesiales de Base en Quinindé, quien pone énfasis en el sujeto al que dedicamos buena parte de nuestro trabajo personal e institucional: Las organizaciones, los movimientos sociales, y sus luchas. Procesos de organización que están bien representados simbólicamente en esta metáfora de entenderlos como el árbol de guayacán que “florece una vez al año, pero florece”, recogiendo así, desde su experiencia personal, un fenómeno largamente estudiado por la ciencias sociales: la emergencia y declive de la protesta social.

Tal declaración no es casual porque reconocemos a las organizaciones como los actores centrales en la construcción de una sociedad más democrática y justa. Sus luchas, leídas o interpretadas como conflictos, han puesto en el debate nacional, no solo sus demandas ligadas a los procesos de marginación, exclusión y explotación a los que están sujetos amplios sectores de la sociedad, sino que han permitido mostrar los límites estructurales del Estado y la sociedad para resolverlos.

De muchas formas, la década de los noventa fue un claro ejemplo del argumento anterior. Los movimientos y organizaciones sociales (mujeres, indígenas, campesinas, jóvenes, estudiantes, trabajadores, comunidades eclesiales de base, ecologistas, etc.), enfrentados al neoliberalismo, pusieron en el debate nacional una gama muy amplia de demandas y de propuestas que interpelaron a la sociedad e impactaron en la organización del Estado. La Constitución de 1998 fue un ejemplo claro que mostró, al reconocer los derechos colectivos, la diversidad étnica y de género, así como los nuevos planteamientos sobre participación y descentralización, se logró ampliar los márgenes de la democracia formal, el reconocimiento de la heterogeneidad y participación de la sociedad.

Lo mismo podríamos decir sobre las movilizaciones indígenas y campesinas entre los cincuenta y setenta que fueron centrales para romper con las viejas estructuras de hacienda; o la importancia de los trabajadores en los setenta y ochenta para la construcción de los derechos y códigos laborales; de la lucha de las mujeres en la construcción de las libertades e igualdad de género. Lo que nos interesa resaltar es la importancia de las organizaciones sociales y el conflicto en la construcción y democratización de la sociedad.

Sin duda, los procesos de movilización no fueron suficientes, gran parte de las demandas no fue resuelta durante los noventa y los años posteriores, sino que siguieron presentes (Estado de bienestar, control de mercados, soberanía nacional, reafirmación de derechos ciudadanos, interculturalidad, Estado Plurinacional, etc.) como ejes articuladores de las organizaciones con la sociedad y sus demandas; de hecho, el gobierno de Rafael Correa las recoge parcialmente e impulsa un proceso constituyente donde las “institucionaliza” -buena parte de las organizaciones y movimientos sociales ocuparon las calles para impulsar la aprobación de la Constitución del 2008-. El nuevo gobierno abre un nuevo contexto que se distancia del neoliberalismo; con un discurso de ciudadanía, revolución y socialismo del siglo XXI -así como de planificación, eficiencia y gestión por resultados-, levanta un proyecto nacional que crea expectativas en la población, recupera la institucionalidad estatal y hace del Estado el centro de las inversiones sociales que han mejorado las condiciones de vida de la población en su conjunto. Sin embargo, en el proceso se distancia de las organizaciones y movimientos sociales que en partes del trayecto fueron sus aliados.

En la actualidad, aunque la Revolución Ciudadana tiene una gran aceptación y popularidad, las expectativas de las organizaciones no son tan altas, los trabajos más críticos al proceso muestran que el gobierno de Rafael Correa tiene límites para llevar adelante las trasformaciones que demandan los avances constitucionales, o sus propuestas de transformación claramente expresadas en los Planes Nacionales de Desarrollo (2009 – 2013 y 2013 – 2017) (1). La conclusión es más o menos la misma: El gobierno, aunque tiene grandes avances en términos de inversión social y un desempeño económico exitoso frente a la crisis, no logra transformar las lógicas y tendencias de acumulación del capitalismo en el Ecuador. Es decir, la profundización de un modelo de acumulación basado en la exportación de materias primas (petróleo, minería, energía, agronegocios) -con los enormes efectos que tiene sobre el medioambiente-, el desarrollo de una estructura económica monopólica y dependiente, y la reconstrucción del Estado como la estructura de redistribución de los ingresos, tanto para los ciudadanos comunes como para las élites económicas. Pero, contradictoriamente, aunque en el marco de necesidades de la población los resultados no son menores, el proceso viene acompañado de una forma disciplinaria (2) de ejercer el poder gubernamental en la recuperación del Estado y la organización” de la sociedad.

El problema va más allá del alejamiento del gobierno de sus propuestas iniciales y de los avances constitucionales, lo fundamental es que éste asume una propuesta de desarrollo basada en la profundización de las fronteras extractivas (petróleo, minería, energía eléctrica), y en ese proceso, no solo se aleja de las demandas de las organizaciones, sino que sus posiciones resultan antagónicas, y el conflicto se vuelve más fuerte con aquellas organizaciones y poblaciones que se ven afectadas directamente; en este sentido, tal como lo han denunciado los trabajos entorno a los derechos humanos, la acción disciplinaria del gobierno es una respuesta, entre otras, selectiva o discrecional sobre dirigentes y organizaciones (3).

En este sentido, el contexto ha cambiado, buena parte de las demandas construidas históricamente en el enfrentamiento al neoliberalismo, sobre todo las relacionadas con la cobertura o responsabilidad del Estado, han sido cubiertas por el gobierno; pero al mismo tiempo, es evidente que las organizaciones no tienen la misma capacidad para incorporar al debate nacional sus demandas y propuestas, sea porque no tienen la misma fuerza que antes de este gobierno o, dado el “antagonismo” de las posiciones, se va cerrado la posibilidad de diálogo entre las organizaciones y el propio gobierno. El resultado lógico es la profundización de la conflictividad o las disputas entre el proyecto de gobierno y las demandas o propuestas de las organizaciones.

En este contexto, quisimos ensayar o complementar las evaluaciones sobre el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde una perspectiva algo distinta; poner al “conflicto” como argumento para enlazar las relaciones entre la economía, las formas de intervención del gobierno/Estado, y sus efectos sobre las organizaciones. En esta perspectiva, hemos elaborado tres trabajos que desarrollan sus argumentos en torno a tres ejes de preguntas:

  • Resistencia, consenso y disputa: reflexión sobre el conflicto social en el Ecuador (1990 – 2012), de Paola Sánchez, que trabaja en torno a: ¿Cómo se comporta el conflicto en el Ecuador? ¿Cuáles son las constelaciones o articulaciones organizativas que sostienen la conflictividad? ¿Cuáles son los repertorios del conflicto, o de las organizaciones que sostienen los conflictos? ¿Cuáles son las formas de intervención de los gobiernos sobre los conflictos? ¿Qué es lo condicionante y coyuntural del conflicto? ¿Cuáles son las líneas de continuidad o de ruptura en la conflictividad en el actual Gobierno?
  • Ejes de acumulación en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, de Pablo Iturralde, que realiza un análisis de la economía considerando: ¿Cuál es la relación entre el comportamiento del gobierno y las presiones económicas internacionales? ¿Quiénes son los ganadores “reales” del comportamiento o coyuntura económica? ¿Cuáles son los vínculos entre la economía internacional, las propuestas del gobierno y la conflictividad en el Ecuador?
  • Gobernar para extraer, dinámica del conflicto en el gobierno de Rafael Correa, de Sara Latorre y Stalin Herrera, que organizan su estudio alrededor de: ¿Cuál es la dinámica de los conflictos en torno a los proyectos estratégicos del gobierno? ¿Cuáles son los cambios de la dinámica del conflicto antes y después del gobierno de Rafael Correa? ¿Cuáles son los repertorios y estrategias de las organizaciones que están afectadas por proyectos estratégicos del gobierno? ¿Cuáles son los mecanismos que el gobierno usa para “procesar” o gobernar el conflicto? ¿Cuáles son los efectos del nuevo gobierno sobre las organizaciones?

Si bien los textos se pueden leer uno independiente del otro y entender las intenciones de cada autor, la apuesta institucional ha sido levantar un estrategia multidisciplinaria que nos permita tener una comprensión más compleja en la perspectiva de que podamos situar las particularidades de este momento con los precedentes.

 Notas:

  1. Para una mayor comprensión de los lectores, sugerimos leer los siguientes trabajos: Pablo Ospina, 2013, “Estamos haciendo las mismas cosas con el mismo modelo antes que cambiarlo”; en Edgardo Lander, Carlos Arze, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez, 2013, “Promesas en su laberinto: cambios y continuidades de los gobiernos progresistas en América Latina”, Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) – Centro lnternacional Miranda (CIM), Quito; Miguel Ruiz y Pablo Iturralde, 2013, “La alquimia de la Riqueza: Estado, Petróleo y Patrón de Acumulación en el Ecuador”; Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Quito; Diego Carrión y Stalin Herrera, 2012, “Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria”, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito; y Alberto Acosta y Fernando Martín Mayoral, 2013, “Situación económica y ambiental del Ecuador en un entorno de crisis internacional”, FLACSO, Sede Ecuador, Quito.
  2. Para Ospina (2013: 200), existe una “hostilidad” gubernamental hacia la movilización social y las formas de intervenir sobre el conflicto no se traducen en una mayor participación social, sino que la respuesta del gobierno es un intento de disuadirla a través de juicios sobre los cabecillas de las movilizaciones y organizaciones.
  3. En estos años se han presentado varios trabajos sobre derechos humanos que están citados por los autores de este documento, pero para tener una mayor comprensión sobre los efectos de la judicialización sobre los defensores de derechos y dirigentes de organizaciones, recomendamos ver el trabajo de Amnistía Internacional, que realiza un informe en el que analiza 40 procesos de dirigentes judicializados entre 2009 y 2011. Amnistía Internacional, 2012, “Para que nadie reclame nada ¿Criminalización del derecho a la protesta en el Ecuador?”, Amnistía Internacional Editora, Londres.