Honduras, Latinoamérica, Noticias — 26/09/2012 a 1:24 pm

La violencia crece en Honduras

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RESISTENCIA HONDUREÑA

El fiscal Eduardo Díaz fue asesinado de seis disparos mientras se dirigía al Ministerio Público de Choluteca, ciudad situada a unos 140 kilómetros al sur de la capital hondureña.

Eduardo Díaz participó veinte días en la huelga de hambre que cuatro fiscales del Ministerio Público realizaron en 2008 como forma de lucha contra la corrupción en el sistema judicial de Honduras.

Asesinan a abogado de campesinos del Aguán

La noche del sábado 22 de septiembre, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, desconocidos atacaron y ultimaron de varios balazos a Antonio Trejo Cabrera, 41 años, apoderado legal del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA).

En más de una ocasión, Trejo había denunciado la colusión entre los terratenientes y productores palmeros del Aguán y el poder judicial, para detener el proceso de recuperación de tierras de parte de las familias campesinas.

El abogado, que hoy se suma a la larga lista de víctimas del grave conflicto agrario que sacude el Valle del Aguán, había acompañado a las familias del MARCA en su lucha para recuperar el derecho de propiedad sobre tres fincas (San Isidro, La Trinidad y El Despertar), que fueron adquiridas de forma aparentemente ilegal por los terratenientes Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo.

El pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa ejecutó una histórica sentencia dictada a favor de las familias campesinas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba emitieron una resolución con la que admitieron un recurso de amparo presentado por los terratenientes, suspendiendo los efectos de la sentencia misma.

En aquella ocasión, el abogado Antonio Trejo denunció un supuesto tráfico de influencias y fuertes presiones ejercidas por los terratenientes sobre el sistema judicial para detener los avances de la lucha campesina.

Además, Trejo se había sumado recientemente a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que da vida a las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo”.