Colombia, Latinoamérica, Noticias — 26/10/2011 a 10:03 am

Megaproyectos y Derechos Humanos en el Tolima

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Megaproyectos y Derechos Humanos en el Tolima

Nacho González

International Action for Pece

Dentro de los planes estratégicos del Gobierno Colombiano parece ser que El Tolima tiene un papel importante en el sector extractivo, con la minería de oro principalmente, y en el energético. En la actualidad hay proyectadas 8 centrales eléctricas en las cabeceras de los principales ríos del Departamento. Estos planes en manos de transnacionales dicen ser en beneficio de las poblaciones locales y en favor de su desarrollo pero, sobre el terreno, nos encontramos con algunos acontecimientos que resultan contradictorios.

Lo primero es el rechazo de una parte de la población campesina, indígena y urbana organizada junto con sectores académicos de la zona que no acaba de ver con buenos ojos esos proyectos y el bienestar que se supone van a traer a sus comunidades. En sitios como Rionegro donde la central ya está en construcción, la población denuncia que las zonas directamente afectadas por las tomas de agua ven como se secan sus tierras y se vuelven infértiles, cómo se acaban los suministros de agua y tienen que construirse acueductos desde zonas alejadas si se quiere disponer del preciado líquido.

También hay críticas hacia los incumplimientos de algunos acuerdos tomados con la empresa, problemas de salud laboral encontrándose incluso muertos en accidentes laborales y abandono de los trabajos tradicionales en el campo al ser incompatibles con el nuevo trabajo en el megaproyecto.

De otra parte, es constante la presencia militar cerca de donde se instalan las empresas transnacionales, cualquier persona que se acerque por la zona puede observar con naturalidad empadronamientos, una práctica ilegal y común por parte del ejército colombiano que fue declarada ilegal por la Corte Constitucional; requisa de alimentos, medicinas y abonos bajo acusación de ser material para abastecer a la insurgencia; ocupación de casas y escuelas por la fuerza pública; no respeto del principio de distinción entre población civil y grupos armados; señalamientos; amenazas de que después del ejército vendrán los paramilitares y otras vulneraciones de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales suscritos por Colombia.

Por último, y no por eso menos grave si no todo lo contrario, las presiones directas y veladas por parte de la fuerza pública para que la población civil no se organice y cuestione esta serie de mega-proyectos extractivos y energéticos.

Ante este panorama cabe preguntarse seriamente, si en El Tolima al igual que sucede en otros departamentos de Colombia el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario son compatibles con esta serie de mega-proyectos que la población cuestiona por su validez y los efectos sociales, económicos y ambientales que van a sufrir principalmente campesinado e indígenas, pero no sólo pues sus consecuencias son de alcance global. Son muchos y conocidos los casos dónde estos proyectos vienen acompañados de la presencia de grupos paramilitares que amedrentan y desplazan a la población que se organiza y se opone.

Ante esto hay una responsabilidad grave, y por este orden, del gobierno colombiano, de las multinacionales que operan en la zona y de la comunidad internacional que en muchos casos antepone los negocios al respeto de los Derechos Humanos y prefiere mirar para otra parte e ignorar las denuncias, los desplazamientos y la muerte de miles de personas.