Latinoamérica, México, Noticias — 14/02/2016 a 10:23 pm

Ojarasca 226, febrero 2016

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Suplemento mensual del diario La Jornada. 

La firma que estampó el gobierno mexicano en los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de  los Pobres, o mejor dicho su inmediato y cínico incumplimiento en la mejor tradición de Andrew Jackson, marca el inicio de la nueva relación política del Estado con los pueblos originarios: la mentira como método, las intensiones ocultas, la opción por la contrainsurgencia de diseño militar. Desde Ernesto Zedillo el gobierno apostó por la guerra. Al deshonrar lo logrado la tarde del 16 de febrero de 1996 en la cabecera municipal del también llamado San Andrés Larráinzar, dejó claro que no le interesaba la paz con los pueblos indígenas en Chiapas ni en ninguna otra parte del país.

Aunque ya entonces eran visibles las pretensiones neoliberales de aplastar cualquier obstáculo para la cesión del país al capital especulativo internacional a despecho de la población, ahora que han pasado veinte años se ven claras como nunca las razones de la traición, aún al precio del ridículo del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien prefirió pasar por borrachito que por hombre de Estado. Y el presidente, ni pío dijo.

Reconocerles derechos ciudadanos a los pueblos indígenas, y además autonomía, derechos culturales y de personalidad jurídica definida, hubiese impedido en buena medida el asalto final de Wall Street, el lucrativo ingreso de las mineras, la expansión carretera y turística, la enajenación territorial y de lo comunitario, el control político asistencial de zanahoria y garrote, la promoción de las religiones y de los conflictos interreligiosos, la expropiación del agua, el viento, el subsuelo, los granos y las mentes de los pueblos indígenas. Los gobiernos posteriores, muy destacadamente el de Enrique Peña Nieto, mantienen hasta un brutal absurdo el método de la mentira, luego de tanta resistencia que ha corrido bajo los puentes y tanta hambre con la que se llenan la boca políticos sin ninguna credibilidad.

Además, ¿a poco creen que con derechos autonómicos y territoriales claros y justos para los pueblos hubiera sido fácil la implantación de la gran delincuencia en Guerrero, Michoacán, Veracruz, La Huasteca o Jalisco, como hemos visto? Cualquier cosa, antes que derechos, para los indígenas. Incluso el narco, o el desprestigio internacional por Ayotzinapa, Acteal, etcétera.