Otras noticias de Latinoamérica, Paraguay — 29/06/2015 a 12:35 am

Paraguay: a 3 años del golpe y de la masacre de Curuguaty

image_print

Por Gustavo Torre, para Cuadernos de Coyuntura

El 22 de junio de 2015, al cumplirse tres años del golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo, debería comenzar el juicio a los campesinos acusados de ser los responsables de las 17 muertes ocurridas en Marina Kue como consecuencia de un “desalojo” realizado por miembros de fuerzas policiales fuertemente armadas a partir de una orden de “allanamiento” realizada por un juez.

Léelo y/o descárgalo pinchando la portada

Lo que se conoce como la “masacre de Curuguaty” se produjo en tierras que debían formar parte de la reforma agraria dictaminada a favor de los campesinos en la década de 1960 pero que terminaron siendo cedidas a terratenientes cercanos al Partido Colorado y al General Alfredo Stroessner, y que aún hoy continúan siendo reclamadas por los campesinos. En total son 8 millones de hectáreas las tierras malhabidas que disputan los campesinos a los grandes propietarios y al Estado paraguayo.

Pero por tercera vez en dos años el juicio ha sido nuevamente postergado, negando a las víctimas el derecho al debido proceso, las cuales después de 60 días de huelga de hambre en el año 2014 lograron la prisión domiciliaria ante la mirada indiferente de la justicia. Excepto por uno de los acusados, Rubén Villalba, que cumple su condena a 7 años con prisión efectiva en la cárcel de Tacumbú, procesado en otra causa igual de injusta que la que atraviesan los campesinos en Paraguay.

Los movimientos sociales, políticos y de defensa de los Derechos Humanos iniciaron una campaña para dar visibilidad al juicio, ya que existen sobrados indicios de la intención de la justicia paraguaya de condenar a los campesinos sin pruebas (al igual que la destitución de Lugo que no las necesitó “porque eran de público conocimiento”). Para el día 22 de junio se espera la presencia en el Palacio de Justicia no sólo de estos movimientos, sino de observadores provenientes de distintas partes de Paraguay, así como de diferentes países para fiscalizar la transparencia del proceso. La movilización que no ocurrió durante el golpe a Lugo se desplegará ahora, tal vez como una revancha histórica de un pueblo que pudo leer cuál era la clave de la matanza de Curuguaty.

La suspensión vuelve a vulnerar los derechos de los campesinos que continúan esperando el juicio, retrasando la absolución y la verdad sobre lo que pasó en Curuguaty.

¿Por qué? Porque en la masacre murieron 11 campesinos y 6 policías, y sin embargo los únicos acusados son campesinos; porque han destruido y desaparecido pruebas; porque no se realizaron autopsias a los cuerpos de los campesinos asesinados; porque no se tomó declaración a los sobrevivientes ni a los testigos que pudieron ver cómo sus compañeros heridos fueron ejecutados; porque los abogados defensores fueron sumariados con argumentos que rozan lo ilegal; porque fue el principal argumento para destituir al presidente Fernando Lugo una semana después (reactivando los golpes de Estado latinoamericanos por vías “institucionales”); porque fue la base para que el Partido Colorado y Horacio Cartes accedieran nuevamente al poder; porque las tierras desalojadas no eran privadas sino apropiadas de forma ilegal por Blas Riquelme, ex senador y presidente del Partido Colorado; porque el fiscal Jalil Rachid es hijo de un ex presidente del Partido Colorado al igual que Blas Riquelme; porque las tierras fiscales en Paraguay no pueden ser desalojadas ni por orden judicial.Curuguaty
Ni el Estado ni la justicia paraguaya saben qué hacer con Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López Peralta, Alcides Ramón Ramírez, Juan Carlos Tillería y Felipe Nery Urbina. Porque la historia no puede volver sobre sus pasos y porque pase lo que pase en el juicio oral, quedará demostrada la culpabilidad del estado, de la justicia y de todas las instituciones que ocultan la verdad de Curuguaty, niegan los Derechos Humanos y defienden los intereses de los sectores más concentrados que se benefician del modelo económico basado en la producción agrícola y en la explotación de la tierra.

Porque la masacre de Curuguaty, el golpe a Lugo y la tercera suspensión del juicio deben entenderse en el contexto de una matriz económica ligada al agronegocio, que halla en Paraguay el terreno más fértil para asegurar su rentabilidad, a través de la concentración de la tierra y la continua expulsión de campesinos.