Latinoamérica, Perú — 21/06/2015 a 3:09 am

Perú: Se viene el Paro Nacional Agrario, Étnico y Popular

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Alistando el anunciado Paro Nacional de los Pueblos fijado para el lunes 22 de junio, Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), expuso la adversa situación que atraviesan los pueblos campesinos e indígenas del país, a la vez que denuncia la complicidad del Estado en este problema en una entrevista de la CNA.
Entrevista y Plataforma de Reivindicaciones

Por Servindi y Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA)


“Paquetazos destruyen y entregan nuestras tierras a empresas extractivistas”

- ¿Cuál es la situación de los pueblos campesinos e indígenas en el Perú?

En abandono. Según el último censo agrario los pequeños productores, la población campesina e indígena, es de un 83% entre los productores agrícolas del país, y esto debiera tomarse en cuenta ya. Se debe implementar políticas públicas y políticas especiales dirigidas a las comunidades campesinas.

Hoy estamos abandonados, no tenemos protección, este 83 por ciento de la población está excluida del sistema. El gobierno se ha dedicado a proyectos grandes como Olmos entre otros para asegurar la agricultura industrial y de esta forma entregar a las grandes transnacionales nuestras tierras, y esto para nosotros genera una competencia desleal.

- ¿Los conflictos sociales como el de Tía María o Conga tienen relación con el análisis que usted hace?

De todas maneras. Este gobierno lejos de dar prioridad al sector agrario está favoreciendo a las grandes inversiones extractivistas y la agroindustria. Los proyectos como Conga y Tía María afectan los derechos territoriales de los pueblos campesinos e indígenas, además de contaminar la agricultura que se desarrolla en esas zonas. Es importante hacer ver que este problema no es asunto de dos regiones, es un problema que ocurre en todo en Perú.

- ¿Por qué la CNA ha criticado los paquetazos que el gobierno viene promulgando? ¿Qué otras amenazas se presentan?

Protestamos porque existe una norma internacional como es el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 y la Ley de Consulta Previa e Informada que hay en nuestro país, que nos reconocen derechos colectivos e individuales a los pueblos indígenas. Estos paquetazos han debido pasar por procesos de consulta previa a estas poblaciones, pues es un asunto que sale del Ejecutivo y no del sector legislativo. El camino ha debido ser el diálogo y la consulta para evitar conflictos.

Nosotros consideramos que los paquetazos ambientales están para destruir y entregar nuestras tierras a las grandes empresas transnacionales y extractivistas. Desde allí se crean los conflictos sociales como está sucediendo en Tía María, Conga o como sucedió con Bagua en el pasado. Nuestras tierras corren riesgo de que sean entregadas a las grandes transnacionales y esto generará más conflictos. Nos quieren convertir en consumidores desapareciendo lo que somos: productores agrarios del país.

- ¿Qué acciones de incidencia ha hecho su gremio contra estas leyes y otras normas como el DS 001-2015 o la reciente normativa de la franja de precios?

Al enterarnos de la Ley 30230, y en conjunto con otras organizaciones, buscamos hacer incidencia hacia el Tribunal Constitucional. Es decir, recolectamos firmas para formular una Demanda de Insconstitucionalidad contra esta Ley. Del mismo modo con el Decreto Supremo 001-2015 EM, que fue obra del Ministerio de Energía y Minas, hemos hecho una Demanda de Acción Popular en el Poder Judicial.

Sobre la recientemente establecida franja de precios, nosotros creemos que esto es algo tirado de los pelos. Sin consulta a nadie se sacan estas normas para quitarles el trabajo a los productores agropecuarios. Lejos de buscar generar dinero por los aranceles, se está favoreciendo a las grandes empresas intermediarias que van a traer al país bastantes alimentos como azúcar, maíz, lácteos; y con esto van a hacer quebrar a la agricultura peruana. Contra esta norma estamos alistando otra Demanda de Acción Popular.

- ¿Qué propuestas de desarrollo viene construyendo la CNA para el sector campesino e indígena?

Estamos ante un modelo capitalista y desarrollista que piensa solo en las empresas y en la economía verde, que viene destruyendo con sus monocultivos y saqueo de minerales a nuestros territorios para entregárselo a grandes consorcios. Frente a esto, la Confederación Nacional Agraria (CNA) propone una agricultura sostenible para garantizar la soberanía alimentaria y desde allí asegurar las semillas, agua y territorio.

Creemos que estas propuestas alternativas van más allá que los que solo están pensando en economía verde, que consideramos es una falsa solución. Este tipo de economía solo se desarrolla entre muy pocas empresas que ya quieren acaparar nuestro país. Un ejemplo es la presencia de semillas transgénicas en nuestro país, los poderes económicos están amenazando en levantar la Ley de Moratoria de Transgénicos. Por todo esto, la CNA se reafirma en desarrollar una agricultura sana y en proteger las semillas nativas para garantizar la soberanía alimentaria del país.

- Su gremio viene llamando a un paro nacional para el 22 de junio ¿Cuáles son las principales demandas?

Estas demandas las venimos trabajando de tiempo. Los paquetazos ambientales particularmente el tercero y el cuarto vulneran los derechos individuales y colectivos de los pueblos, quitan la autonomía de la asamblea general de las comunidades. Por eso estamos demandando la derogatoria inmediata de estas leyes o paquetazos.

Del mismo modo pedimos la derogatoria de la Ley que criminaliza las protestas pues persigue y amenaza la libertad de líderes campesinos e indígenas. Por otro lado, mostramos nuestro apoyo a los que vienen defendiendo sus tierras en Tía María y otras regiones del Perú que actualmente están en conflicto.

Tenemos 7 demandas en total que pretenden resumir la exigencia de un apoyo prioritario a la actividad agrícola, el respeto del territorio y la soberanía de los pueblos que habitan en el Perú. Por eso hacemos un llamado a todos y todas del país a movilizarse este 22 de junio.

- ¿Cómo se vienen organizando en el interior del país y en Lima?

De acuerdo como nos informan líderes y lideresas en las regiones, que aparte de CNA son también los campesinos de la Confederación Campesina del Perú (CCP), las mujeres de Femucarinap, los ronderos de la CUNARC-P, los aimaras de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA); están organizándose para participar pacíficamente en esta jornada de protesta denominada Paro Nacional de los Pueblos este 22 de junio.

Aquí en Lima tenemos ya pactada una concentración en Campo de Marte a partir de las 11 am donde estamos convocando a todos los sectores, a sindicatos, a las organizaciones juveniles, a los colectivos. La CGTP y la CUT han manifestado su respaldo y junto con todos ellos vamos a movilizarnos hacia Plaza San Martín donde estaremos también monitoreando lo que viene ocurriendo en interior del país.

- ¿Qué esperan lograr de esta jornada de protesta?

Esta jornada es una acción más, sabemos que la lucha va más allá. Esta es una prevención para llamar la atención del gobierno y decirle que no puede darnos la espalda de ese modo con la suma de leyes y normativas que nos afectan directamente y peor aún que nos criminaliza cuando protestamos. El actual gobierno de Humala tiene que derogar estas normas, tiene que cumplir su verdadero rol, además de los compromisos que asumió con el pueblo peruano cuando llegó al poder. En caso no atienda estas urgentes demandas vamos a intensificar nuestras acciones.



 

Plataforma de Lucha del PARO CÍVICO NACIONAL DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ 22 de Junio

A las organizaciones populares, movimientos sociales y colectivos ciudadanos del país a movilizarse y unirse a esta jornada de lucha en defensa de los derechos del pueblo peruano. Aquí nuestra plataforma:

DENUNCIAMOS

  • 1.LOS NUEVOS INTENTOS DEL GOBIERNO DE CONTINUAR EL DESPOJO DE LAS TIERRAS Y TERRITORIOS de las comunidades y los pequeños productores agropecuarios, a través de normas (Ley 30230, proyecto de Ley 30327, proyecto de Ley 2462 y D.S. 001-2015-EM) que atentan contra la seguridad jurídica y el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos en favor de la gran inversión.
  • 2.EL ABANDONO INTENCIONADO DEL ESTADO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA FAMILIAR Y COMUNITARIA, que es la más importante fuente de ingresos directos, de empleo y de alimentos para el país. Mientras, se promociona, subsidia y apoya de forma exclusiva modelos agroexportadores que implican el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales, la privatización de la alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria.
  • 3.LA PROFUNDIZACIÓN E IMPOSICIÓN DESDE EL ESTADO DE UN MODELO ECONÓMICO PRIMARIO EXPORTADOR IRRESPONSABLE E INSOSTENIBLE, que fomenta el saqueo de nuestros recursos, que promueve un crecimiento injusto y desigual, que atenta contra los derechos de los pueblos, y que agudiza el cambio climático, justificándolo con la  excusa de generar más inversiones y crecimiento.
  • 4.La intención del Estado de DESCONOCER  E IMPEDIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EL EJERCICIO DE LA JUSTICIA COMUNITARIA y otros derechos colectivos constitucionales.
  • 5.LA NADA TRANSPARENTE Y ANTIDEMOCRÁTICA FORMA DE HACER POLÍTICA POR PARTE DEL GOBIERNO, LEGISLANDO SIN LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA SOBRE CUESTIONES QUE AFECTAN A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, imponiendo políticas que son inducidas por grandes lobbies que responden a los grandes intereses económicos privados y no a los intereses y derechos de la mayoría de los peruanos y peruanas.
  • 6.LA POLÍTICA SISTEMÁTICA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL por parte del Estado contra la población que denuncia la vulneración de sus derechos, así como las medidas de represión brutal  y  persecución contra los pobladores y comunidades que los defienden. Asimismo, la difamación y desacreditación premeditada por parte del Gobierno para incriminar a los manifestantes, usando premeditadamente a las fuerzas armadas y sus medios de comunicación cómplices, todo por la defensa de intereses privados de terceros.
  • 7.LA MILITARIZACIÓN DE ZONAS RURALES POR PARTE DE FUERZAS ARMADAS DE EEUU EN TERRITORIO NACIONAL, afectando la soberanía nacional, delegando funciones de Estado y afectando el libre ejercicio de derechos de los pobladores, sometiéndose al interés de potencias extranjeras por el control de los recursos naturales de nuestro país bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la subversión.

 DEMANDAMOS:

1 – Respeto y  garantía de seguridad jurídica de los derechos de los pueblos sobre sus territorios, tierras y recursos naturales.

  • Derogatoria inmediata de la Ley 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”.
  • Derogatoria del D.S. 001-2015-EM, “Que aprueba disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión”,
  • Derogatoria Ley N° 30327, “Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible”, anteriormente Proyecto de Ley N° 3941-PE
  • Archivamiento del proyecto de Ley 2462/2012-CR, “Que modifica el artículo 11 de la Ley 26505 (Ley de Tierras)” y pretende reducir el quórum necesario para la disposición de las tierras de las comunidades campesinas.
  • Saneamiento y titulación colectiva y definitiva de todos los territorios de las comunidades campesinas y nativas con carácter de urgencia.
  • Titulación de las tierras de pequeños productores y agricultores con carácter de urgencia.
  • No más concesiones en territorios indígenas y de comunidades sin información y consulta previa.
  • Acceso real en un porcentaje asegurado de los pequeños productores y agricultores a las tierras eriaceas que se conviertan en productivas por medio de grandes programas de irrigación del Estado con fondos públicos.

2 – Declarar de interés prioritario y política de Estado a  la pequeña agricultura familiar y comunitaria por su importancia social y económica como medio de vida digno para millones de peruanos y peruanas y su contribución a la soberanía alimentaria del país, al desarrollo rural de los territorios y a mantener las formas de vida de las comunidades campesinas y nativas, siendo necesaria  su promoción integral con políticas y recursos que la  fortalezcan.

  •  Política de Estado específica sobre promoción de la pequeña agricultura familiar y declaración de su interés nacional por su  importancia para la soberanía alimentaria del País, cumpliendo lo señalado en el artículo 88 de la Constitución.
  • Aprobación de la ley de seguridad alimentaria, con soberanía alimentaria.
  • Aprobación de la ley de agricultura familiar.
  • Derogación inmediata del D.S. 103-2015-EF “que establece el Sistema de Franja de Precios aplicable a la importación de diversos productos agropecuarios” y que elimina  las defensas arancelarias a la importación y  lleva a la ruina a todos los productores de maíz, caña, leche y algodón. Y  hacer efectivo el artículo 69 de la Constitución para proteger a los agricultores nacionales, que hace referencia a políticas responsables que protejan la soberanía alimentaria nacional.
  • Que el MEF otorgue viabilidad a los proyectos integrales de mejora agraria sin más bloqueos ni trabas burocráticas. Basta ya de que los gobiernos regionales y locales y el propio ministerio no ejecuten el 30 % de su presupuesto; este es un problema de tramitología que el Estado debe resolver urgentemente.
  • No al uso político de las decisiones del MEF.
  • Derogatoria de la Ley 30230 y destino de los 20.000 millones de soles de exoneración tributaria, equivalente al   presupuesto del MINAGRI para varios años,  a la promoción de la pequeña agricultura.

3 – Respeto y apoyo del Estado a los modelos alternativos de desarrollo económico sostenible, responsables y de libre elección de los pueblos que se practican en el país, y a los derechos colectivos que amparan a estos pueblos y la necesidad de que el Estado los promocione de manera diversificada, equitativa y justa y que cumpla con sus obligaciones para garantizarlos.

  • Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad indígena y de las comunidades campesinas y nativas para garantizar el respeto de sus derechos económicos dentro de sus prioridades y planificaciones de desarrollo decididas en base a sus derechos colectivos.
  • Respeto al artículo 88 de la Constitución y promoción del desarrollo integral agropecuario.
  • Implementación urgente de normas y políticas para la gestión del territorio, fortaleciendo el ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica a nivel nacional.

4.Respeto, garantías y protección por parte del Estado el derecho de  los pueblos la aplicación de la justicia comunitaria y demás derechos colectivos reconocidos en nuestra Constitución y en el Convenio 169 de la OIT.

5.Voluntad política para garantizar la participación y consulta por parte del Estado a los pueblos a la hora de legislar sobre materias que afecten a sus derechos y respeto a la voluntad popular;  dejando de imponer políticas y cumpliendo sus obligaciones constitucionales para garantizar los derechos colectivos de los pueblos conforme al Convenio 169 de la OIT.

  • Aprobación participativa y consultada de una Ley sobre ordenamiento territorial.
  • Aprobación de la Ley de protección de cabeceras de cuenca.
  • Implementar los espacios de concertación agrarios nacionales y regionales.
  • Norrmar, promover y aplicar la legislación y procesos que implementar las políticas de Estado del acuerdo nacional.
  • No a la ampliación del Lote 88 por insistencia del gobierno a pesar de tratarse de un área superpuesta a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti en la zona de amortiguamiento o de protección del Parque Nacional del Manu y de existir de un pedido expreso de las Naciones Unidas para que suspenda dichas actividades que pueden amenazar la supervivencia física y cultural de los indígenas de la reserva.
  • Implementación de los procedimientos de adecuación del Estado para el desarrollo y cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas,  establecidos en el Convenio 169 de la OIT y así el Estado cumpla con sus obligaciones establecidas.
  • Ejercicio pleno, completo y en todos los casos que demande la consulta previa.
  • Revisión de los contratos de estabilidad tributaria a las mineras que les permite beneficiarse  de la exoneración del pago de regalías y del impuesto a la renta, si reinvierten sus utilidades.
  • Revisión del procedimiento de gestión de la Ley 29230, de obras por impuestos. Impuestos deben entrar directamente a complementar y reforzar los presupuestos participativos.
  • Que deje de legislar contra nuestros derechos, de forma poco transparente y democrática, y se establezcan mecanismos institucionalizados permanentes de participación, consulta y respeto de la voluntad  de los pueblos.

6.Cese de las prácticas de criminalización de la protesta y de prácticas arbitrarias de represión, persecución y falsa acusación y manipulación con el uso de las fuerzas armadas para la justificación por la fuerza de medidas y decisiones antidemocráticas y que responden a intereses de las grandes inversiones.

  • Derogación de la Ley 30151 “Ley que modifica el inciso 11 del artículo 20 del código penal, referido al uso de armas  u otro medio de defensa por personal de las fuerzas armadas y de la policía nacional del Peru” .
  • Derogación del Decreto Legislativo 1095 “que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional”.
  • Derogación de las  normas que avalan convenios perversos que permiten a la policía defender los intereses de sector privado, poniendo un servicio  público al servicio de intereses particulares.
  • Cese y condena de las campañas de  difamación y actos de descalificación premeditada contra pobladores, productores y comuneros por parte de medios de comunicación y medidas legales contra medios difamadores e injuriosos.

7.Retiro  de las tropas de EEUU de nuestro territorio nacional y, que el Estado que mantenga y proteja nuestra soberanía nacional sin delegar funciones que le pertenecen en manos de otras naciones.

  • Respeto al derecho constitucional a la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas que gozan de acuerdo al Convenio 169 de la OIT.
  • Rechazo a toda presencia militar extranjera en territorios de comunidades.

Gobierno  no seas mentiroso, no seas servil

Gobierno ama llula, ama llunk´a



PRONUNCIAMIENTO DE LA CLOC – VIA CAMPESINA REGION ANDINA

“Si avanzo sígueme, si me detengo empújeme y si retrocedo máteme”. 

Che Guevara

cloc-vcLas organizaciones pertenecientes a la CLOC región andina provenientes de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, y Bolivia reunidas en Cochabamba los días 18, 19 y 20 de mayo, han constatado una vez más,  la difícil situación que viven los pueblos en materia de pobreza, exclusión y violencia; también se ha constatado que los pueblos siguen resistiendo y construyendo el Buen Vivir.  La CLOC – VC  como parte de la articulación continental le apuesta a la lucha contra el imperio, la defensa de  la soberanía de los pueblos, la conquista del poder popular  bajo una concepción integradora, liberadora, identitaria y emancipatoria, y la vivencia de la solidaridad en el marco de la  construcción del socialismo.  En este contexto DECLARAMOS:

  • Nuestro rechazo a la injerencia de los Estados Unidos en asuntos propios de países, como Venezuela donde en alianza con sectores del Uribismo Colombiano y otros actores aliados en la región, han desarrollado acciones para la desestabilización de la revolución Bolivariana y el desprestigio de sus cuadros revolucionarios,  legado del comandante Hugo Chávez y hoy en cabeza de Nicolás Maduro.
  • Hacemos un llamado en la hermana república del Ecuador,  a buscar un dialogo entre el Gobierno del presidente Rafael Correa y los movimientos populares que apoyan el proceso de la revolución para que por medio de un acuerdo trabajen por la construcción del poder popular;  así mismo llamamos al compañero Correa para que siendo fiel a sus palabras expresadas en el V Congreso de la CLOC celebrado en Quito en el 2010, por medio de las cuales llamo a la construcción de la Revolución Agraria, hoy varios años después a que esta palabra se cumpla, por el bien del pueblo latinoamericano.
  • Rechazamos la presencia de las multinacionales extractivistas, que históricamente han arrasado con la naturaleza y que pretenden continuar con la explotación de los recursos naturales de forma indiscriminada, atentando contra los derechos de los pueblos a la tierra, el territorio y la vida, en todos nuestros países.
  • Manifestamos la solidaridad con la movilización contra la minería que se desarrolla en la hermana república del Perú, en el territorio de Arequipa  distrito de Cocachacra en la provincia de Islay como expresión de lucha permanente por las campesinas y campesinos en la defensa de la tierra y el territorio, que lleva ya 55 días de resistencia.  Rechazamos el tratamiento que ha dado el estado a la lucha de estos pueblos, la persecución por parte de la justicia peruana que ha dejado violaciones a los derechos humanos como la muerte de 7 personas  para lo cual reclamamos justicia, y el desconocimiento de la consulta previa. Llamamos al Presidente Ollanta Humala a retirar la fuerza pública que atropella a la población movilizada y pone el alto riesgo la vida, la libertad y la integridad de las personas movilizadas. Apoyamos a las luchas preventivas y la propuesta del  paro nacional de los pueblos del Perú 22 de Junio del presente año e interpelamos al gobierno a escuchar las reclamaciones de las comunidades.
  • Condenamos la criminalización de las luchas sociales en toda la región, ya que atenta contra el legítimo derecho de los pueblos a la organización, la participación y la movilización, como reflejo del esfuerzo por la construcción de poder popular para el alcance de una sociedad más justa e igualitaria. Nos declaramos en alerta permanente por la defensa de la libertad, la soberanía y los derechos humanos.
  • Manifestamos nuestro respaldo al estado plurinacional de Bolivia, en su legítima reclamación de su derecho al mar, encabezada por el Presidente EVO MORALES y apoyada por el pueblo boliviano y la comunidad latinoamericana.
  • Así mismo, apoyamos el proceso de paz que se desarrolla en la hermana república de Colombia, abogamos por un buen acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC – EP  y propendemos por la instalación de la mesa de negociación con el ELN y el EPL. Así mismo consideramos que el mejor camino es la construcción de la paz de forma  participativa para alcanzar los cambios que requiere el país; como dijo el comandante Hugo Chávez  “No  dejemos que nos descarrilen el camino de la paz”.

Cochabamba, mayo 20 del 2015.