Colombia, Latinoamérica, Noticias — 05/12/2010 a 2:42 pm

Plan Colombia II: Guerra y Derechos Humanos

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El análisis del Plan Colombia II tiene importancia no solo para Colombia y la región andinoamazónica, sino también para Suramérica, el conjunto de las relaciones interamericanas, el estudio de las guerras actuales y la estrategia global militar de Estados Unidos. Esto ha quedado demostrado con el nuevo posicionamiento del Comando Sur y del Pentágono a través del uso de las bases militares colombianas y con el peso que ha adquirido la doctrina de la acción integral en otras guerras como la de Afganistán.

El Plan Colombia I tuvo unas consecuencias internas que pueden resumirse en las siguientes: la consolidación de Colombia como el primer productor y exportador mundial de cocaína a pesar de la guerra contra los cultivos de coca; el auge del paramilitarismo, la parapolítica y el establecimiento de unos órdenes sociales y políticos locales mafiosos; una ofensiva militar permanente
contra las FARC que las hizo replegar a sus zonas de retaguardia; una crisis humanitaria constante; un nuevo empuje a la perpetuación del conflicto; el aumento de la inversión extranjera y la reconfiguración del poder político de las élites y del Estado.

La regionalización del conflicto colombiano a sus países vecinos ha tenido un nuevo impulso con el Plan Colombia. El bombardeo en territorio ecuatoriano del campamento de Raúl Reyes, número dos de las FARC, por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia con el apoyo de Estados Unidos ha sido su acción de mayor impacto.

Teniendo en cuenta lo anterior y para profundizar en su análisis, el Colectivo Maloka realizó el seminario Plan Colombia II, conflicto y derechos humanos en la ciudad de Barcelona entre el 16 y 18 de octubre de 2008. Este seminario se celebró con el apoyo de la Oficina de Promoción de la Paz y de los Derechos Humanos de la Generalitat de Cataluña y la Fundación CIDOB. En esta publicación se entregan las ponencias presentadas por los expertos que intervinieron sobre los temas de este seminario.

El libro se inicia con un balance de la primera fase del Plan Colombia presentado por Martha Cecilia Gutiérrez. Después de recordar la relación que este plan guarda con el Plan Puebla Panamá, el Plan Dignidad, la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y los países de América Latina, la autora se refiere a las lógicas del plan y a sus estrategias en los ámbitos económico, militar y social deteniéndose principalmente en el fortalecimiento de la capacidad militar del Ejército colombiano y las políticas y programas de desarrollo alternativo. Los resultados del Plan Colombia son abordados en relación con la lucha contra las FARC y contra el narcotráfico, con el fortalecimiento institucional, los aspectos económicos y sociales y con la negociación con los grupos paramilitares.

Carlos Alberto Ruiz Socha en su trabajo Modelo y balance por acabar: sobre el Plan Colombia, sus percepciones y sus sofismas estima necesario proceder a un rastreo de sus antecedentes y una mirada desde las víctimas que son las poblaciones empobrecidas. Para ello se remonta a las viejas doctrinas de hegemonía y seguridad hemisférica de Estados Unidos, sus documentos de Santa Fe y la redefinición de los enemigos al finalizar la Guerra Fría. Después pasa a analizar el Plan como un dispositivo estratégico, vector y catalizador de un modelo de guerra y saqueo, cuya primera fase se desarrolló simultáneamente a los diálogos del Caguán y cuya esencia es la pax americana. Termina afirmando que “solamente puede reclamarse como exitoso, si el balance es hecho por sus ejecutores desde sus objetivos contrainsurgentes y neoliberales, no desde fines de justicia social. Desde el campo de las alternativas no puede haber felicitaciones a un poder letal, sino impugnación y lucha”.

Para José Aristizábal, el Comando Sur de Estados Unidos pretende extender la guerra que libra en Colombia contra las drogas y contra el terrorismo a la región andino-amazónica, y esta estrategia forma parte de una tendencia a la regionalización del conflicto armado colombiano. Pero también existe otra tendencia a la contención de este conflicto, la cual se ha visto reforzada por
las transformaciones vividas por Suramérica en la última década. El Plan Colombia II se debe ubicar en el juego de estas dos tendencias. Por otra parte, se examina el concepto de la acción integral o acción cívico-militar para la recuperación del territorio como la esencia de este plan, que pretende ser una política a través de las armas, para concluir que su resultado es el establecimiento de unos órdenes sociales y políticos dirigidos por los militares con el apoyo del paramilitarismo, además de plantear la cuestión de si esta concepción es coherente con el desarrollo de las nuevas guerras de la época de la globalización. El título de esta ponencia es Plan Colombia II, Suramérica y las nuevas concepciones de la guerra.

Mauricio Romero investiga en Bandas criminales, seguridad democrática y corrupción la realidad actual de más de 100 núcleos armados agrupados bajo 21 diferentes denominaciones (la más común de ellas son las “Águilas Negras”) que se han extendido por 246 municipios (una cuarta parte de los municipios del país) y suman por lo menos unos diez mil hombres (ver mapas y cuadros respectivos). Sostiene que las redes mafiosas regionales de poder asociadas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), –formalmente desmovilizadas– y con la parapolítica, “no se han desarticulado” y “se están recomponiendo”. Señala que hay una crisis local del Estado de derecho heredada de la connivencia y colaboración de las autoridades con las AUC. Critica la política de la seguridad democrática del gobierno de Uribe que proclama la desaparición del paramilitarismo, que estos grupos son simplemente “bandas criminales” y ha permitido su recomposición. Asocia dicho fenómeno con la persistencia del desplazamiento de la población en las zonas rurales. Y afirma que el escenario al que se acerca más esta situación es el de una tercera generación del paramilitarismo.

Ricardo Vargas aborda el tema Narcotráfico, poderes emergentes y seguridad: ¿Bases para un nuevo (des)orden? En esta ponencia su autor sostiene que las políticas antidrogas de los gobiernos de Uribe Vélez no toman en cuenta los factores estructurales de orden social, económico, institucional y cultural que han propiciado la consolidación de la economía de las drogas ilícitas, sino únicamente su interrelación con el conflicto armado. Estos factores tampoco los considera Estados Unidos al combatir desde su modelo de seguridad la amenaza terrorista de orden global. Es decir, que ambos hacen una “lectura de las drogas desde el sesgo del conflicto armado”. Un ejemplo de ello es “la identificación de los cultivos de coca y de los cultivadores como parte de la estructura financiera y de apoyo de las FARC”, lo cual ha dado como resultado “soslayar el diálogo con las regiones y sus habitantes y privilegiar acciones de fuerza que dan cuenta del sesgo exclusivo de seguridad, frente a un complejo problema que abarca la condición marginal de muchas áreas productoras”.

El tratamiento desde este sesgo del problema de las drogas hace que éste se prolongue y no dé muestras de solución. Dicha situación está llevando a que los nuevos sectores sociales emergentes surgidos de esa economía, junto con la reconversión de otros más tradicionales, estén “dando forma a órdenes políticos y estructuras de ejercicio de la violencia en diversas regiones y en múltiples sentidos”, a “un proceso de reconfiguración del Estado y de cooptación de su institucionalidad en una dinámica de criminalización que es constatable en varias regiones del país”, y a que, en varias de éstas, “el poder regional parece proyectarse hacia formas de control mafioso.”

En El Plan Colombia II, la cooperación europea y la sociedad civil internacional, Bettina Reis se concentra en tres asuntos.
Uno, la doctrina de la acción integral, o recuperación social y militar del territorio, por la que la Fuerza Pública asume la ejecución de proyectos de carácter social de competencia de las autoridades civiles. Esto implica un debilitamiento del Estado de derecho al borrar la línea divisoria de funciones asignadas a civiles y militares y fusionarlas en una misma estrategia de guerra, que involucra a la población civil, aumenta su vulnerabilidad y tiende a prolongar el conflicto armado.
Dos, el Centro de Coordinación de la Acción Integral (CCAI), que es el organismo encargado de dirigir la fusión anterior y en la que participan directamente la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el Comando Sur de Estados Unidos y los organismos de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ministerios e instituciones de Colombia relacionados con la política, la economía y lo social. “Sorprende la intervención de este poderoso organismo militar norteamericano (el Comando Sur), extendida a asuntos civiles, en otro país. Podría entenderse como una violación a la soberanía nacional”.
Y tres, las inquietudes o temores de los grupos de derechos humanos, de paz y de otros sectores de la sociedad civil y su preocupación porque los programas de cooperación “se conviertan en un componente complementario de la acción militar, o que sean funcionales para la estrategia bélica”, tal como lo plantea la red colombiana de organizaciones sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia, conocida como La Alianza, que caracteriza esa estrategia como “un enfoque de guerra disfrazada de social”.

Que estas ponencias y los puntos de vista de sus autores contribuyan al debate sobre el Plan Colombia II y sus consecuencias sobre la guerra, la paz y los derechos humanos en este país.
Colectivo Maloka

Descargar: http://www10.gencat.cat/drep/binaris/Materials_17_%20cast_final_web_tcm112-130837.pdf

Visita www.colectivomaloka.org