Tras varios minutos subiendo por los cerros de la provincia de Cotabambas, al llegar a la cima se puede ver el pueblito de Chuicuni en la ladera, rodeado por el río Challhuahuacho y un paisaje que quita el aliento, y no solamente por los tres mil 500 metros de altura, si no por su infinita belleza. Pero con solo mover la mirada hacia el otro lado de la montaña, entre las ancestrales chullpas que van derrumbándose tras siglos en pie, se encuentra el tajo abierto del yacimiento de Las Bambas, un proyecto minero de más de doce años que hace tiempo que causa gran polémica entre los campesinos, hasta el punto de reventar en un conflicto que se saldó con muertos y heridos en el año 2015.Fuente: La Plaza, 8/5/2016. (Fotos de Jai G. y Alan B.)
Las Bambas, acaso el proyecto más grande del país en los últimos tiempos, llegó a Cotabambas en el año 2004, durante el mandato del expresidente Alejandro Toledo. Desde que iniciaron las operaciones en el 2010, los representantes de la minera engañaron a los ancianos campesinos quechuahablantes y en su mayoría analfabetos, comprándoles sus terrenos a cambio de regalos o por precios ínfimos, como veinte céntimos por metro cuadrado. Todo esto ante la vista gorda de las autoridades y los dirigentes campesinos de años anteriores, fácilmente sobornables, según cuentan los comuneros.
El 28 de setiembre del año pasado estalló el conflicto que dejó a tres campesinos muertos durante los enfrentamientos con la Policía. El paro se dio aquel día en la provincia de Cotabambas, convocado en por el Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac. El motivo que hizo estallar la indignación de los campesinos fue la elaboración de un segundo estudio de impacto ambiental (EIA) que a diferencia del primero, no consideraba a muchas de las comunidades que también eran afectadas por la contaminación. Sumado a esto, también se construyó una planta procesadora de molibdeno y un mineroducto en las tierras de Fuerabamba, cuando supuestamente éste debía pasar por Espinar, Cusco. La respuesta del gobierno de Ollanta Humala a estos sucesos de sangre fue extremar la represión declarando la zona en estado de emergencia.
Tajo cercano
Frente a la laguna del relave se aprecia que el agua está en contacto directo con la tierra, cuando debería haber una malla protectora para que no se filtre la contaminación. Pero es lo de menos, ya que los animales que pastan libremente por las tierras beben de esa misma agua, o del río Challhuahacho, cuyo afluente es también el agua del relave cuando llueve y crea un riachuelo valle abajo. Además, las explosiones en el tajo abierto liberan químicos tóxicos que contaminan el aire de Apurímac. Aunque oficialmente, el EIA informa que el yacimiento de Las Bambas producirá cobre y molibdeno, los lugareños afirman también hay oro y plata en esos cerros, que ya fue explotado artesanalmente por los españoles durante la conquista.
Son en su mayoría los más jóvenes los que se han levantado desde el año pasado para condenar la estafa contra sus padres y abuelos. Pero también algunos veteranos, que recuerdan como era la vida en sus tierras antes de que llegase la minera, han alzado sus voces de protesta. Como María Ccorpuna de cuarenta y seis años, presidenta de Chuicuni, una comunidad que se encuentra a menos de quinientos metros del campamento minero. Una infame alambrada cercena el territorio que ella y sus hermanos campesinos afirman en ningún momento le vendieron a MMG Limited, la empresa estatal china que explota Las Bambas. Traspasar en lo más mínimo ese límite para pisar las tierras que les pertenecen equivale a ser rápidamente interceptado por los vigilantes particulares de G4S y por los policías militarizados de la Dinoes, que con sus uniformes y armas supuestamente al servicio del Estado, atienden a los llamados de la empresa desde el año pasado y circulan en las camionetas de la MMG.
A pesar que solo van unos meses de trabajos extractivos, no se puede visitar Chuicuini sin dejar de sentir los temblores que remecen el suelo producto de las voladuras, a cualquier hora del día o de la noche. Los animales corren asustados, mientras los niños parecen ya acostumbrados a ser despertados en medio de la noche. Luego del remezón, llegan el olor químico y la polvareda. No son pocas las cabezas de ganado de los comuneros que deambulan más allá de la alambrada minera, pero no pueden ir a sacarlos porque la seguridad se los impide. Saben que sus reses y ovejas terminarán de fiambre de los trabajadores de la mina. Al mismo tiempo, los niños que usualmente acostumbran pasear a los animales ya no quieren salir del pueblo por temor a toparse con un uniformado.
“Nuestros animales están muriendo. Nuestra agua está contaminada. Nuestros hermanos se han muerto, están encarcelados. Esas voladuras no nos dejan dormir. Cerquita estamos. Esos señores que no nos dejan caminar, maltratan a nuestros hijos. Ahí está mi caballo, mi oveja. En la noche sueltan la polvareda y nos arde el cuello y la garganta. En este río Challhuahuacho, ahí beben nuestros animales, ahí se bañan nuestros niños. Y esos guachimanes, donde tenemos nuestra papa, nuestra cebada, hemos puesto malla y la han tumbado.” cuenta María Ccorpuna.
María tiene siete denuncias en su contra, todas hechas en enero por el un miembro de su propia comunidad, Raúl Pinares. A decir de ella, el hombre es trabajador de la minera y solo asiste a las asambleas comunales para grabar e informar a la empresa. Esta denunciada por organización criminal al haber participado en el paro del año pasado, por robo agravado al supuestamente haber intentado sustraer el dinero que la 
minera le habría pagado a Pinares e incluso por haberlo intentado matar. Catorce de sus compañeros están en la misma situación. Los relacionistas públicos de MMG Limited visitan la comunidad continuamente para intentar convencer a los pobladores que revoquen a María de la presidencia.
Botas manchadas de sangre
Entre Chuicuni y el tajo abierto de cobre, cerca al campamento minero, hay otro cerro que se ha vuelto tristemente famoso en la zona de Cotabambas. Fue exactamente en ese lugar donde cayeron muertos tres comuneros por impacto de bala durante el choque con la policía, además de varios heridos. Entre los fallecidos está el marido de Agustina, padre de cinco hijos menores de edad, la mayor de solo dieciséis años.
Los pequeños miran curiosos el lente de la cámara mientras su madre cuenta como recibió la noticia de la muerte de su esposo, Beto Chahuayllo Huillca, en los enfrentamientos entre campesinos cotabambinos y agentes policiales ese 28 de setiembre. No recibe apoyo de ninguna entidad, mientras tiene que seguir trabajando ella sola en su chacra de Arcospampa para mantener a sus niños. “Mi esposo fue a protestar ese día. Lo encontraron muerto. Reclamaba por sus terrenos que contaminaba la empresa minera con los grandes carros. Fueron como tres balas en el estómago. Era agricultor. Pido apoyo del gobierno, estamos ya a ocho meses. No tengo familia que me apoye” dijo Agustina.
Mientras se soba la mejilla izquierda, Zósimo Ccopa, de 21 años, recuerda el perdigón que atravesó su boca al día siguiente, el 28 de setiembre: “Estábamos en la garita de la empresa, por Challhuahuacho, unas quinientas personas, arengando contra la modificatoria del EIA, en la tarde. Los policías empezaron a disparar gas lacrimógeno y 
armas de fuego. Mis compañeros me llevaron a Cusco y estuve postrado un mes, internado. Son seis puntos que me han cosido. Mi familia tenía que gastar. La comunidad aportó mil soles. No puedo comer, tengo el diente destrozado. Me duele mucho. Me tienen que poner un implante de plata. Antes del paro, trabajaba en una empresa contratista, CDM, era soldador de geotecnia. No he vuelto a trabajar. Casi tres meses estaba mal”.
En las denuncias penales que la minera ha presentado contra los campesinos que se manifestaron esos días, argumenta que eran trescientos efectivos policiales al mando del general Víctor Rucoba Tello quienes custodiaban la garita de entrada del campamento minero, cuando a las tres y media de la tarde se asomó una supuesta turba de personas violentas que provistos de hondas y piedras, atacaron el 
campamento, dejando a veinticinco uniformados heridos y múltiples pérdidas materiales para la empresa. Desde luego, no se hace alusión a la causa de la muerte de los tres campesinos.
Otros comuneros de Pisaccasa, el mismo pueblo de Zósimo en el distrito de Mara, relatan que aquel día, detrás de la línea de policías antidisturbios que custodiaban la entrada al campamento minero, otra formación de agentes de la Dinoes empezaron a disparar sus Kalashnikov directo a la multitud. Tras este enfrentamiento, todo el mes de octubre la zona fue declarada en estado de emergencia por el gobierno. Mientras el joven herido se recuperaba en Cusco, los uniformados impedían que los campesinos transiten de un poblado a otro recorriendo las comunidades y las carreteras tras el toque de queda haciendo disparos al aire ante cualquier civil que se asome.
Los ciudadanos de Tambulla, del distrito de Challhuahuacho, relatan el mismo terror en las calles que se dio durante el estado de emergencia. De esta misma comunidad es uno de los que fueron detenidos, B.Q., quien no quiere revelar su identidad ya que dice haber sido amenazado por la jueza que llevó su caso, quien le dijo que si declaraba a la prensa lo enviarían de nuevo a prisión.
Su madre cuenta en la puerta de su modesta bodega, hoy en día hipotecada para poder pagar los costosos juicios, lo que su hijo pudo relatarle varios días después de su arresto, cuando por fin logró verlo en Abancay. El 28 de setiembre, con apenas cumplida la mayoría de edad, el muchacho salió de su comunidad hacia la ciudad de Challhuahuacho a comprar carne por orden de su madre. Se acercó a los enfrentamientos porque se encontró con sus amigos del trabajo. Pero cuando empezaron los disparos, se alejó y observó lo que sucedía. Cuando llegaron las ambulancias para recoger a los heridos y muertos, le pidieron ayuda para trasladar a cualquier posible víctima, por lo que volvió al lugar del enfrentamiento, esta vez cuando las cosas ya se habían calmado. Fue entonces cuando la policía interceptó la ambulancia y se llevó al joven junto a otro hombre cotabambino a las dependencias de la minera.
Durante veinticuatro horas permanecieron dentro del campamento, sin ser detenidos oficialmente, secuestrados por las fuerzas policiales tal y como denuncian. B.Q. afirma que ahí fue obligado a coger un arma de corto alcance que un policía le puso en la mano y dispararla al aire bajo amenaza de muerte y palizas constantes. “Yo misma le puse la mochila en los hombros a mi hijo ese día, sé que no llevaba nada más que cincuenta soles y una botella de agua” relata la madre de B.Q., pues en esa misma mochila se encontró más tarde una pistola Glock, dinamita de la misma marca que 
usa la empresa minera y una pañoleta verde militar como la que luce la Policía peruana en su uniforme. La ONG Acción en Pro de los Derechos Humanos (APRODEH), que lleva el caso en los tribunales, descubrió después que dicha arma pertenece a un policía de la DINOES llamado Edwin Alvarado Sandoval. Finalmente, B.Q. fue denunciado por delitos de peligro común, contra el patrimonio y por disturbios y pasó seis meses en prisión preventiva. Todos los detenidos aseguran hasta el día de hoy que son inocentes y que fueron apresados sin motivos.
En Cotabambas también es fácil oír el rumor de que los dos suboficiales de la Policía que murieron en un accidente de camioneta un par de días después, el primero de octubre, en realidad serían víctimas mortales del enfrentamiento del 28, cuando los manifestantes arrojaban rocas a la entrada del campamento minero. Las muertes habrían sido cubiertas con este supuesto accidente por los mandos policiales para disimular las propias bajas en sus filas durante la represión del conflicto.
Negociaciones cerradas
Agustina, Zósimo y la madre de B.Q. entre otras muchas víctimas del conflicto, se encontraron en Pisaccasa el último 23 de abril para acudir a la mesa de diálogo que sentó el Gobierno central para discutir las acciones respecto a los Derechos Humanos vulnerados el pasado año. La sesión concluyó en que las municipalidades, junto con el gobierno regional y la minera, aceptaban pagar una pensión humanitaria a las viudas 
de los tres fallecidos durante el conflicto, equivalente a un sueldo mínimo para cada una. Hubo voces de protesta tanto por el monto, al considerarlo mínimo, como por el hecho de que sean las municipalidades y no el Gobierno central quien se ocupe de las viudas y huérfanos. Sobre esto, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga, dijo que era mejor que sean las municipalidades y no el gobierno central, porque el trámite ante este último demoraría mucho más por ser más engorroso. Esto a pesar que las muertes, según revelan los informes de balística, se deberían a disparos de las fuerzas policiales, las cuales evidentemente obedecen al Poder Ejecutivo.
Del mismo modo, uno de los abogados del área de Obligaciones Mineras de MMG Limited, Enrique A.T., no tuvo empachos en decir que las comunidades campesinas “tenían que ceder” en las negociaciones. Entre las respuestas indignadas de los agricultores presentes, Jacinto Lima, presidente de la comunidad de Tambulla, le increpó porque la empresa pagaría solamente 500 soles a los deudos de los muertos, mientras que no dudaba en pagarles cinco mil soles a los agentes de inteligencia que espiaban a las organizaciones campesinas.
A la salida, el viceministro Ernesto Lechuga declaró a La Plaza que en los hechos de violencia de setiembre se afectaron los derechos de civiles y de policías y que fue un 
enfrentamiento donde “nadie mandó a la Policía a ir contra la población”. Además afirmó tajantemente que “hubo acciones violentas por parte de la población y la Policía entró para recuperar el orden”, pero sobre las tres muertes de ese día dijo que él no es juez ni fiscal y que ellos son quienes ven ese tema.
Mucho se ha especulado sobre lo que ocurrió aquel fatídico día, ya que muchos defienden la actuación policial con el argumento de que dispararon en defensa propia, y que los detenidos eran peligrosos terroristas antimineros, aunque las pruebas parecen apuntar hacia otra dirección. En el caso de los fallecidos, dos fueron asesinados con armas de largo alcance, pero el tercero fue con un arma de corto alcance, donde la bala entró por la pierna en ángulo contrapicado y subió hasta destruirle las entrañas. Estas circunstancias indicarían que quien disparó el arma no lo hizo en defensa propia dada la extraña naturaleza de las heridas, sino más bien que apuntó hacia el la cima del monte sin cerciorarse del peligro que corría la vida de los civiles.
Cultura ancestral en riesgo
Uno de los detonantes que provocó el conflicto en setiembre del año pasado fue la modificatoria del segundo EIA el año pasado. En este nuevo informe muchos poblados quedaron fuera de la zona de influencia directa, lo cual reduce el monto que la minera debe aportar a la comunidad. Una de estas comunidades es Queuña, que en el primer EIA estaba incluida, dada su cercanía a la zona de trabajos. Considerada el lugar de origen de la cultura yanahuara, Queuñua siente también los efectos de las explosiones mineras, los ruidos que estremecen a las personas y animales, las polvaredas tóxicas y el río Challhuahuacho que baña sus cosechas. Además, los inversores chinos de la MMG Limited no son los únicos que los tienen en su lista: otra empresa, la canadiense 
First Quantum, planea ejecutar el proyecto cuprífero Antares en los cerros colindantes. De momento, solo se están haciendo estudios. “Si fuésemos terroristas como dicen en Lima, nos la pasaríamos dinamitando los camiones de la minera y matando a tantos policías que mandan a resguardad el proyecto” afirma un sexagenario poblador.
Tampoco están dentro del nuevo informe muchas de las comunidades de Mara, por las que transitan los cerca de 150 camiones diarios que transportan el mineral encapsulado de la MMG Limited, cuyos pobladores tienen que ver como las rústicas paredes de sus casas empiezan a rajarse por las vibraciones a todas horas. En la trocha sin asfaltar se levanta mucho polvo y se hace mucho ruido a cualquier hora del día o de la noche en la que circulan estos pesados vehículos. Pero además, se pueden ver restos de relave quemando las montañas de ese distrito. Para lo que si son consideradas las poblaciones de Mara es para un eventual proceso de distritalización por parte del gobierno provincial. Si las comunidades campesinas se convirtieran en distritos, perderían muchas de sus atribuciones por ley, aunque para este proceso se necesitaría el aval del Congreso.
“Papacito, nosotros antes en nuestra quebrada, vivíamos de nuestros productos, con eso educábamos a nuestros hijos. Pero ahora que han aparecido estas carreteras, las enfermedades afectan a nuestros productos. Con el mineroducto, apesta feo. Hacen demasiada polvareda. Y ahora, nuestro maíz, nuestra acelga, nuestra haba, todo está 
afectado. El año pasado, un poco atacó, pero este año, demasiado con esos gusanos e insectos. Igual, los animales están apareciendo muertos. Ya no dormimos, ya no comemos por la rabia de este problema” nos cuenta Guadalupe Sota, del distrito de Mara, quien estima en unos quince mil soles sus pérdidas en la cosecha de este año, lo suficiente para mantener a su familia en este 2016.
Estafados por el progreso
En Pumamarca, la comunidad mira al horizonte las cerca de mil hectáreas que ya no les pertenecen, porque un día llegaron los funcionarios de la minera y a cambio de galletas y gaseosas, les hicieron firmar unos documentos en castellano, que los lugareños no entendían. En el 2012, les preguntaron cuánto querían por su tierra, y cómo los campesinos no sabían cuánto valía, aceptaron céntimos. Desde mitad del año pasado, sus animales se mueren bebiendo del río Challhuahuacho, mientras que los jinetes de la minera no los dejan pasar a las tierras arrebatadas.
Doroteo Paniura fue uno de los principales afectados por esta usurpación. En marzo, uno de sus animales se perdió en estas tierras, a las afueras de Pumamarca. Cuando fue a buscarlo, los policías le dijeron que no entre. Los ignoró, apurado por traer a su ganado, pero su insolencia le ganó un disparo en el brazo derecho. Regresó 
caminando al pueblo, luego su familia terminó llevándolo al hospital de Cusco, donde pasó internado un mes. Aún no puede volver a trabajar la tierra para seguir manteniendo a sus ocho hijos.
En el 2013 aparece en los Registros Públicos de Abancay la transferencia, mediante compraventa, de las mil hectáreas pertenecientes a la comunidad campesina Pumamarca, de Cotabambas, a favor de la minera, en ese entonces con el nombre de Xstrata Las Bambas S.A. Los pobladores no habrían sido los únicos estafados, sino también el municipio provincial de Cotabambas, el cual no registra el pago de alcabala por la transacción.
En la partida registral también figura que en el 2014 un banco chino, denominado ICBC Peru Bank le otorgó a la empresa minera una hipoteca por más de diez millones de dólares, a nombre de los terrenos de Pumamarca, préstamo que luego subió a más de doce millones de dólares. Tanto el banco como la empresa minera valorizaron las tierras en más de cinco millones de dólares. Posteriormente, la minera siguió cambiando de nombre.
El ICBC Peru Bank se creó como empresa en el 2012, con un capital social de 26 mil soles. Lo sorprendente es que este capital creció a más de 132 millones de soles ese 
mismo año, antes de conceder la hipoteca a la minera. Su directorio, designado en el 2015, está integrado por cuatro ciudadanos chinos y el peruano Julio Del Castillo Vargas, ex gerente general del Banco de la Nación.
Pero Pumamarca no es la única comunidad que se siente estafada. La comunidad de Fuerabamba, por ejemplo, tiene las casas más modernas de la región, pero no porque ellos mimos se las hayan levantado, sino porque los funcionarios del gobierno y de la minera los convencieron de dejar sus chacras y mudarse a una ciudad especialmente construida a fines del 2014. El problema es que entre tanto lujo y modernidad que no tienen nada que envidiar a cualquier barrio de clase media de Lima, los campesinos no tienen ni un metro cuadrado donde plantar sus cultivos, único modo de subsistencia que conocen.
Un policía cuida la entrada a esta ciudad fantasma rodeada de muros, en la que hay más de mil casas para las apenas seiscientas personas empadronadas, con calles y plazuelas tristes y vacías porque todos se van lejos a buscar trabajo. Algunos trabajaron para la empresa por unos años de modo tercerizado como obreros, pero los puestos y los sueldos se terminaron y desde hace meses los agricultores no saben cómo mantener a sus familias.
“Nosotros hemos vivido encima de un territorio donde existía un yacimiento minero. Tuvimos conversaciones con el gobierno para que sean garantes y junto con la minera nos convencieron que abandonemos nuestro territorio por el bien del Perú. En eso se pasaron como siete u ocho años, pero no hemos conocido nuestros derechos como comunidad. Nos dijeron que íbamos a entrar a la planilla de Xstrata. Pero no cumplieron, trabajamos con la empresa ManPower como obreros, haciendo tuberías. Ahora tenemos un año y medio sin sueldo. No tenemos chacra, no tenemos nada. Queremos recuperar nuestros terrenos antiguos de nuestros ancestros para vivir. Realmente nos han engañado” se lamenta Obispo Huamaní, vicepresidente de la comunidad. Los trescientos mil soles que cada campesino recibió por su chacra se han convertido, en la mayoría de casos, en camionetas. Pero además, les prometieron que si aceptaban mudarse, la minera invertiría en educación para que sus hijos vayan a la universidad. Apenas cerraron el trato, los profesores contratados dejaron de verse.
Prácticas turbias
Edwin, hermano del anterior alcalde del distrito de Mara, Alberto Roque Cconislla, relata las condiciones en las que este falleció el 18 de marzo del año pasado, mucho antes que estallara el conflicto. Provenía de Cusco en una camioneta alquilada, cuando a medianoche fue tiroteado por desconocidos cerca a la comunidad 
campesina de Saywa. Los investigadores policiales se limitaron a decirle a la familia que se trató de asaltantes, a pesar que el informe de balística arroja que se usaron calibres de armas de reglamento de la Policía.
Roque, quien había asumido el cargo recién en el 2015, fue uno de los primeros en revelar las modificaciones del segundo EIA del proyecto Las Bambas, además de ser conocido por defender las reivindicaciones de los campesinos frente a los compromisos incumplidos por parte de la minera. Su sucesor, Adiel Sota, no constituye ahora ninguna molestia para la MMG Limited.
Pero este caso de homicidio no es lo único turbio en el proyecto minero de Las Bambas. Parte de la investigación hecha en Registros Públicos por los abogados que apoyan a los comuneros, revela las mañas en la conformación de la empresa Minera Las Bambas S.A. a lo largo de los años, la cual se inscribió en los Registros Públicos como Las Bambas S.A. Cabe resaltar que dicha empresa no ha tenido siempre el mismo nombre, sino que ha ido variando de razón social, maniobra que les ha servido para evadir responsabilidades legales y tributarias.
La anterior empresa que administró Las Bambas, Xstrata Tintaya S.A, que es la misma que también tenía la concesión de las minas en Espinar, Cusco, donde en el 2012 se dio otro violento conflicto con tres muertos. En el 2011 aproximadamente, cedió sus concesiones mineras a Xstrata Las Bambas S.A. Es con esta denominación que la 
nueva empresa nombra a los mandatarios y se realiza la apropiación de los terrenos de Pumamarca en el 2013. Posteriormente, figura en la misma partida de origen el cambio de nombre a Las Bambas Mining Company S.A., denominación con la que adquirió la hipoteca. Finalmente, en junio del año pasado, la empresa recibe su actual nombre, Minera Las Bambas S.A., con lo que empezó las operaciones que desencadenaron el conflicto.
En esta partida de origen de la empresa minera se pueden observar algunos nombres entre los apoderados. Por un lado, entre los mandatarios designados en el 2011, está el nombre de Domingo Drago Salcedo, quien ocupó el cargo de gerente de Asuntos Corporativos en Xstrata cuando operaba en Espinar, y que también fue director general de la llamada Sociedad de Empresas Periodísticas, que cuenta entre sus miembros a grandes grupos mediáticos como El Comercio y La República. Otro de los mandatarios, Luis Alberto Rivera, también ha sido funcionario de la mina en Espinar y disfruta saliendo en entrevistas defendiendo la minería en el país. El nombre que figura en todos los escritos judiciales de las denuncias interpuestas por MMG contra muchos campesinos cotabambinos es el del abogado Gonzalo García Muñoz Najar, quien además de ser superintendente legal, también tuvo un cargo similar en la empresa minera Southern, la misma de Tía María. Todos con currículum en conflictos sociales.
Respuesta insuficiente
El 26 de abril el Gobierno central convocó a la última mesa de diálogo, en la que debían participar todas las comunidades de influencia directa e indirecta. A la entrada de la municipalidad de Coyllurqui, los representantes de la PCM, resguardados por una línea policial de antidisturbios, no dejaron ingresar más que a siete representantes de los comuneros, además de los alcaldes distritales. Afuera de la sede del municipio, los cientos de cotabambinos, que habían llegado de cuarenta y siete comunidades esperando poder tener voz a través de un representante por cada comunidad, se sintieron estafados y no quisieron acatar las órdenes gubernamentales. Es por esta razón que exigieron la salida de los representantes, del Frente de Defensa y de los alcaldes de la reunión, ya que alegan que muchos de ellos no conocen realmente la problemática. Los siete comuneros del área de influencia salieron inmediatamente ante la negativa del resto de la mesa a dejar entrar a sus compañeros, pero los alcaldes y el Frente de Defensa se mantuvieron hasta que la mesa se disolvió por la manifestación espontánea que se dio frente a las puertas.
Muchos de los comuneros ahí reunidos eran parte de una nueva asociación que agrupa ciudadanos del área de influencia directa e indirecta según el EIA, además de otras comunidades que fueron excluidas pero se ven afectadas por carreteras donde pasan cientos de camiones diarios que transportan materiales químicos y contaminación ambiental. La Unión de Comunidades Campesinas de Influencia 
Directa e Indirecta Afectados por el Proyecto Minero Las Bambas (Uccamba) fueron quienes llegaron a Lima a finales de marzo en marcha de sacrificio desde Apurímac e iniciaron una huelga de hambre que duró aproximadamente dos semanas mientras acampaban frente a la Defensoría del Pueblo. Una figura muy cuestionada de Uccamba es su asesor legal, el abogado arequipeño Rodmy Cabrera. Ante las acusaciones de estafador y agitador antiminero lanzadas en su contra por el diario Correo y otros detractores, el asesor afirma que también ha trabajado ayudando en diferentes comunidades a mineros artesanales a formalizarse.
El conflicto en Las Bambas parece lejos de arreglarse, con varios frentes de conflicto entre la minera en connivencia con el Estado, los comuneros que quieren negociar con los empresarios mineros y los que gritan con fervor que “Las Bambas no va” para retornar a una vida agrícola y en harmonía con el medio ambiente. Con el personal de la minera operando sin pedirles permiso, los policías vigilando cada uno de sus movimientos y los ejecutivos visitando las comunidades para decirles que esas tierras ya son suyas y que solo les queda colaborar, los campesinos de Cotabambas buscan el consenso entre su pueblo para decidir si continúan exigiendo mejores condiciones para que la mina trabaje o si toman la determinación de unirse para expulsarlos de sus hogares. En lo que todos están de acuerdo es que las acusaciones que se les han hecho de “terroristas antimineros”, tanto de parte de la concentración de medios como del gobierno central a través del premier Pedro Cateriano, son infundadas. Américo Quispe, comunero de Ccasa, defiende a sus hermanos de la siguiente manera: “No somos terroristas antimineros, somos mineros artesanales desde antes que esto se llamase Perú”.