NO A LA MINA DE SALAVE
La Consejería de Fomento, Territorio y Medio Ambiente del Principado deberá pronunciarse este mes respecto al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de la mina de oro de Salave. Hasta el momento el gobierno asturiano ha demostrado muy claramente su apoyo a la empresa minera sin importarle los peligros que esta actividad entraña, tanto para el medio natural como para determinadas formas de vida (agricultura, ganadería y pesca) y para el patrimonio cultural de la zona.
Desde el 2012, fecha en la que se hizo público el proyecto y su correspondiente EsIA, al que hemos presentado alegaciones, la resolución ha sido favorable a la mina de interior pero no a la planta de tratamiento (flotación y cianuración) y al depósito de estériles, para ello han sido cruciales las movilizaciones que se produjeron contra la mina y también los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC).
En su último intento la empresa incorpora dos documentos: uno es la interpretación que hace la Dirección General de Minería y Energía de un informe hidrogeológico, que dicen, se le pidió al Instituto Geológico y Minero; el otro es uno más de los muchos a los que estamos acostumbrados, en este proceso interminable y agotador, y que según un Informe del Área Jurídica y Patrimonial de la CHC, “podrían suponer estar en presencia de la vulneración de la legislación aplicable a la evaluación ambiental”. De nuevo, en esta ocasión, la CHC ha emitido un informe desfavorable, en línea con los anteriores (por las graves afecciones que este proyecto puede tener para las aguas superficiales y subterráneas). Pero estos informes no son vinculantes y mucho nos tememos que el gobierno del Principado haga lo posible para que el proyecto sea aprobado.
Por ello es éste un momento decisivo en el que es muy necesaria la movilización ciudadana para presionar al gobierno del PSOE ya que si se da el visto bueno al EsIA, en cualquier momento pueden comenzar las obras, y si el año que viene, con elecciones autonómicas, se impone un nuevo gobierno más sensible hacia las cuestiones medioambientales, la paralización del proyecto nos costará mucho, tal como ahora sucede con el cierre definitivo del almacén de gas Castor en el Mediterráneo por el que tendremos que pagar unos 1700 millones de euros a la empres ACS.
Por ello distintas organizaciones y colectivos sociales asturianos convocamos una concentración el próximo jueves 16 de octubre, delante de la Junta del Principado de Asturias a las 16 horas.
