De acuerdo con el más reciente informe del ‘Programa Somos Defensores’ durante el periodo de Gobierno de Juan Manuel Santos 2444 defensores y defensoras de derechos humanos fueron agredidos, de ellos 1687 recibieron amenazas, 346 fueron asesinados, 206 fueron víctimas de atentados, 131 detenidos arbitrariamente, 29 judicializados, a 28 les fue hurtada información sensible y 16 están desaparecidos.
Fuentes: Contagio Radio y Programa Somos Defensores
En los dos últimos años se registraron 1308 agresiones individuales, 626 en 2014 y 682 durante 2015, en este periodo 539 defensores fueron amenazados, 63 asesinados, 35 víctimas de atentados, 26 detenidos arbitrariamente, 3 desaparecidos y a 8 les robaron información.
Según refiere el ‘Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia’ SIADDHH, la responsabilidad en la comisión de estos delitos es del 66% de grupos paramilitares, 25% desconocidos, 7% agentes estatales y 0.5% guerrillas de las FARC-EP y el ELN.
286 casos situaron a Bogotá como el municipio con más agresiones registradas en el país. Antioquia con 10 asesinatos y Cauca con 9 se ubicaron como los departamentos con mayor número de defensores asesinados, 30% de ellos habían denunciado amenazas, 4 contaban con medidas de protección de la UNP, otro las tenía vencidas y a uno le habían sido negadas. Otros departamentos críticos fueron Cauca y Valle del Cauca con 160 casos. En Atlántico y Sucre incrementaron las agresiones en 44 y 38, respectivamente.
Como se asevera el informe el nivel de impunidad en la comisión de estos delitos es alto, sólo se ha logrado establecer la responsabilidad en uno de los casos, por lo que “el gobierno Santos se rajó en proteger integralmente a los defensores y líderes sociales en Colombia dejando una estela de impunidad total en torno a la violencia contra estos constructores de la paz”.
‘El Cambio’, será presentado en Bogotá a través de una producción audiovisual que da cuenta de como en el país la realidad puede llegar a superar la ficción, en una propuesta que busca retratar con personajes comunes, familiares, colaboradores y enemigos, de la labor de las y los defensores, los retos y peligros que enfrentaron, “qué ganaron, qué perdieron, cuales son sus conflictos y si esta historia tiene un final feliz”.
EL 99.96% DE LOS CRÍMENES DE ESTADO ESTÁN EN LA IMPUNIDAD
Con diferentes actividades culturales y movilizaciones en todo el país, se conmemoró, el domingo 6 de marzo, el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado con el fin de reivindicar la memoria de las personas y organizaciones sociales que han sido torturadas, desaparecidas, desplazadas y asesinadas por el Estado colombiano.
“Esta conmemoración nos recordó los exterminios que hemos vivido y volvimos a estar en la mira de las y los colombianos, ya que es necesario erradicar las prácticas de la eliminación del otro a partir de la persecución, casos como el de la UP y ALUCHAR, no pueden quedar en el olvido y la impunidad”, señala Soraya Gutiérrez integrante del comité de impulso del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE y abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
De acuerdo con Gutiérrez, en Colombia “el conflicto armado ha servido de excusa para esconder la práctica de políticas sistemáticas desde el Estado que ha tenido como propósito exterminar a movimientos sociales, políticas, sindicales y de oposición”, lo que ha dejado cerca de 3.500 sindicalistas asesinados, más de 700 defensores de Derechos Humanos muertos en los últimos 15 años y miles de masacres.
El 99.9% de los crímenes de Estado continúan en la impunidad debido a que las políticas estatales siguen siendo ineficientes para dar con la verdad sobre estos hechos y las investigaciones no avanzan significativamente para hallar con los responsables intelectuales.
Frente a la Comisión de la Verdad, las organizaciones de víctimas afirman tener muchas esperanzas, pero también sienten que existen algunos vacíos que impedirían que se logre justicia. “Existen muchas limitaciones en relación con la responsabilidad de agentes del Estado, ya que lo que se recopile en la Comisión de la Verdad no podrá ser presentado dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que a su vez implica limitaciones para el acceso a la justicia”, dice la abogada Gutiérrez.
“Es necesario empezar a documentar los procesos colectivos de exterminio y persecución, teniendo en cuenta que la verdad permite establecer las causas estructurales por 
las cuales se originaron los crímenes, para que se generen reformas que permitan garantizar la no repetición de estos hechos”, sostiene la integrante del MOVICE, quien resalta la responsabilidad que tienen las organizaciones de víctimas en la recopilación de expedientes y documentos que verifiquen los crímenes.
En el marco de esta conmemoración el próximo 15 de marzo en Bogotá se realizará una movilización que tendrá dos propósitos fundamentales: presentar una propuesta a la mesa de negociación para la creación de una subcomisión de garantías de no repetición y replantear el papel de las Fuerzas militares para el post-acuerdo, en términos de generar una depuración de los agentes del Estados que han cometido violación de derechos humanos, y llevar a la palestra pública temas como la reducción del as Fuerzas Militares y la reforma a la doctrina militar.
Plantón frente al ministerio del interior exigiendo respuestas por la muerte de lideres sociales:
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