Tribunal Pola Xusticia Climática
Combustibles fósiles y agrocombustibles a xuicio
Ante la inefectividad del Protocolo de Kioto y la Convención la ONU para el Cambio Climático, organizaciones sociales crean un espacio para juzgar a los “asesinos de la Pachamama”.
El clima de la Tierra está cambiando a un ritmo acelerado por la acción (in)humana.
Los efectos del aumento de la temperatura global son evidentes en todo el planeta, e incluso mayores de los que preveía la comunidad científica. El cambio climático es el mayor problema que enfrentará la humanidad, no sólo por sus impactos directos sino además porque agudizará otros problemas ya existentes, como la pobreza, el hambre, la violencia, las desigualdades de género, el control territorial, la soberanía alimentaria, el acceso al agua y saneamiento, las guerras , entre otros. El cambio climático constituye por tanto, una amenaza contra los elementos básicos de la vida humana en distintas partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, salud, uso de las tierras y medio ambiente.
Con la presencia de activistas y líderes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas de Asturias, Estado Español y América Latina se realizará la primera sesión del Tribunal Internacional de Justicia Climática, que sesionará en la Casa de Cultura de la Pola.
El Tribunal, tiene el propósito de visibilizar las causas del cambio climático y juzgar dos casos relacionados con el calentamiento global: los agrocarburantes, y los combustibles fósiles.
Este tribunal es una herramienta de los pueblos para construir juntos la justicia climática, analizar los antecedentes y crear agendas concretas de lucha, según el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba de 2010.
Allí, en Bolivia, se confirmó esta propuesta, que fue trasladada a Naciones Unidas por el presidente Evo Morales, que propuso la creación de un tribunal contra el cambio climático, como un espacio permanente para investigar a gobiernos y empresas que contaminen el medio ambiente.
El Tribunal se rige simbólicamente según la lógica de los juicios convencionales y en el cierre dará a conocer sentencias éticas, morales y políticas.
El actual sistema económico y político, así como la arquitectura internacional de comercio, finanzas e inversiones que respaldan niveles exagerados de consumo, son las principales causas del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, originado mayoritariamente por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural y otros) para la producción de energía y para el transporte que sostiene el modelo actual de desarrollo, así como la deforestación, la agricultura industrial y la industria extractiva a gran escala, entre otras.
La Justicia Climática se basa en el entendimiento que, mientras el cambio climático requiere acciones globales, la responsabilidad histórica de haber emitido la mayor parte (80%) de gases de efecto invernadero en los últimos 250 años es de los países industrializados del Norte. La energía barata -en forma de petróleo, carbón y gas- ha sido el motor para su rápida industrialización y crecimiento económico, sin reconocer la deuda ecológica, social, financiera e histórica con los pueblos del Sur y la naturaleza, que han generado.
La Justicia climática es ante todo un llamado a la transformación de las relaciones sociales desiguales. Relaciones económicas desiguales (que históricamente han generado exclusión, pobreza y miseria), relaciones políticas desiguales (que históricamente han excluido a los indígenas, negrxs, mujeres, pobres y a los países del sur) y relaciones ecológicas desiguales (que actualmente hacen victimas del cambio climático a los pueblos más empobrecidos y excluidos de todo el mundo).
Fundamentos y antecedentes de este Tribunal
La iniciativa de este Tribunal responde a la necesidad de dar respuesta a una
ausencia de mecanismos e instituciones que sancionen los crímenes climáticos a cuyos extremos se ha llegado en estos tiempos.
Nos inspiramos en las iniciativas de los pueblos para establecer Tribunales Éticos de Opinión, como el Tribunal Russell (1967), establecido para juzgar y condenar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Vietnam y que luego (1974-1976) enjuició los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras en América así como, en su continuidad, el Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979 y en otros tribunales independientes como el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda y el Tribunal del Agua. Todos ellos buscan visibilizar y calificar aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales y encuentran su legitimidad en la voluntad soberana de los pueblos, como contrapuesta al poder de los gobiernos y de las empresas.
