Lo lograron: ¡GANÓ LA MINGA!

Garantías para la Movilización

Un marco general que compromete al gobierno a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes.

En el marco de este acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades (…) movilizadas en el territorio nacional”

Dentro del acta 002 se señala además, que “el gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.

Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios – TCA

En la comisión de territorialidad campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el acta 005 señala que el gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesinas. Del mismo modo, esta acta señala que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas (…) con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”.

Finalmente, esta acta señala que “el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el DANE la inclusión de la categoría <campesino> en el censo nacional” lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.

Construcción de apuestas de Paz y autonomías de control social – territorial

En materia de paz, el gobierno se ha comprometido a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; en segundo lugar, se ha acordado construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz; en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo el reconocimiento similar a las guardias cimarrona y campesina; también se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, acordamos una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la Agenda de País desde el movimiento social.

Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética

En materia minero-energética, un muy importante acuerdo es “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.

Una novedad y avance en esta jornada de acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el próximo 17 de junio en reunión entre la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional.

Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos acuerdos de esta jornada de Paro. Siendo quizá la más importante la reunión del próximo 22 de junio en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos acuerdos.

Logros para el campo y también las ciudades: qué reclaman los movimientos urbanos tras el Paro

Las movilizaciones en las ciudades durante el Paro no pasaron desapercibidas. La Cumbre Agraria y Popular logró una instancia de negociación específica con los ministros para abordar las problemáticas urbanas. Vivienda y transporte, entre las prioridades.

Fuente: Colombia Informa. 13/6/2016

El Pliego Único Nacional acordado ayer con el Gobierno en Santander de Quilichao incluye un apartado específico, denominado “Relación Campo-Ciudad”. Para abordar las demandas urbanas, algunas referidas al vínculo con las realidades campesinas y otras específicas de los habitantes de la ciudad, se estableció la conformación de una subcomisión que buscará “posicionar las problemáticas de los territorios urbanos en la perspectiva de territorios integrales”, según declararon los voceros del sector.

Desde la Cumbre reclamaron para esa instancia “la asistencia de funcionarios con poder de decisión, ministros o viceministros”. El pedido encontró respuesta positiva en los representantes del gobierno, que comprometieron una primera Mesa Temática para el próximo viernes 17 de junio, a las 10 de la mañana, en el Ministerio del Interior, en Bogotá.

Vivienda, transporte, humedales

Sebastián Quiroga es vocero nacional del Congreso de los Pueblos, y será uno de los negociadores principales en nombre de la Cumbre para las demandas urbanas. “Vivienda y transporte son los temas más concretos y urgentes”, afirma.

El reclamo de una Ley de Vivienda, un decreto que frente los desalojos y la construcción de viviendas populares conforman los ejes centrales en este rubro. “Vamos a pedir la construcción viviendas en las ciudades con diagnóstico más crítico de déficit habitacional en los sectores populares, con base en un relevamiento efectuado; un decreto que ponga freno a los desalojos en situaciones de alto riesgo, pero también por deshaucio financiero; y una Ley que se proponga superar las políticas asistencialistas ante un problema estructural, y para ello propondremos la realización de un Congreso Nacional de Vivienda”, declaró.

Los reclamos en torno al transporte pasarán por poner el foco en la política nacional de transporte público urbano, sobre la cual los movimientos populares tienen una mirada crítica: “Como medida urgente, pediremos una rebaja concreta del 15% en los pasajes; a partir de eso, buscaremos poner en discusión la lógica que entiende este derecho social como un negocio más perjudicando a los trabajadores y a todos quienes hacen uso cotidiano de la ciudad”, explicó Quiroga.

El pliego general incluye además el pedido de “legalización de asentamientos informales; mecanismos de participación ciudadana en proyectos de ordenamiento territorial; la defensa de los humedales en las ciudades; protección de las fuentes de agua, en especial las que abastecen a las grandes ciudades y a las zonas de producción agrícola; y pactos con las áreas rurales que abastecen de alimentos que garanticen, a los pequeños cultivadores de las zonas rurales, facilidades para su comercialización en las zonas urbanas”.

Ministerios para la negociación

El texto rubricado con las firmas de cuatro ministros nacionales abarca 10 actas de acuerdos temáticos y sectoriales, a la par de un acta general. En lo específico al tema campo-ciudad, establece:

“El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior y del viceministro de Relaciones Políticas compromete a construir una ruta para iniciar una negociación del tema relación campo-ciudad. Esta ruta iniciará con la instalación de una mesa temática con la participación por parte del gobierno de los ministros o viceministros de Agricultura, Vivienda, Medio ambiente y del departamento Nacional de Planeación y con la participación de vocerías de la Cumbre y sus asesores técnicos”.

La instalación de esa Mesa quedó fijada para el próximo viernes 17 a las 10 de la mañana, en la sede del Ministerio del Interior.