TRUJILLO: UNA GOTA DE ESPERANZA EN UN MAR DE IMPUNIDAD
Alrededor de 300 familias residentes en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar presenciaron y sufrieron las consecuencias físicas y morales de la tortura, la desaparición y muerte de sus seres queridos.
Mediante una acción sistemática y continuada se dieron en estos años formas de aniquilamiento de la población civil, que han constituido la llamada ‘masacre de Trujillo’. Agentes de la fuerza pública, el narcotráfico y el sicariato, se tomaron la vida cotidiana de estos municipios para hacer alarde de las formas más refinadas y repugnantes de aniquilamiento de la vida humana, mediante operaciones de limpieza social y de abierta persecución política.
Campesinos, jornaleros, drogadictos, educadores, ebanistas, motoristas, vendedores ambulantes, comerciantes, profesionales y sacerdotes, fueron víctimas de uno de los episodios más sangrientos de la historia colombiana.
A la masacre física de vidas humanas, siguió una segunda masacre: la masacre moral. Las autoridades llamadas a impartir justicia, desconocieron los testimonios y pruebas aportados por testigos presenciales, que a la postre fueron también víctimas de los sicarios.
Un manto de impunidad cubrió lo acontecido. Dos sentencias absolutorias, negaron el único derecho de los familiares de las víctimas: el castigo a los culpables y el repudio de una sociedad a la destrucción de la vida humana.
A raíz de los fallos absolutorios, el caso de ‘La masacre de Trujillo’, fue llevado por los familiares de las víctimas a la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, caso 11.007, para que allí se juzgara el comportamiento y la responsabilidad del Estado Colombiano en los dolorosos acontecimientos.
